Corte Penal Internacional abre examen preliminar contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

La fiscal Fatou Bensouda señaló que existen indicios de que las “fuerzas de Seguridad del Estado usaron fuerza excesiva para reprimir manifestaciones”

La Corte Penal Internacional anunció, tras varios años de demandas contra el régimen de Nicolás  Maduro, la apertura de un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela.

La fiscal de la Corte, Fatou Bensouda grabó un video en el cual explicó que ha seguido de cerca lo sucedido en Venezuela y que ahora se iniciará el proceso para determinar si existen fundamentos para investigar al Estado.

Bensouda señaló que la decisión se tomó tras una “revisión independiente e imparcial de numerosos informes”.

En el vídeo, la fiscal dijo que analizará los crímenes que ocurrieron en el país suramericano al menos desde abril de 2017 “en el marco de manifestaciones e inestabilidad política”.

Señaló que existen indicios de que las “fuerzas de Seguridad del Estado usaron fuerza excesiva para reprimir manifestaciones y al mismo tiempo reprimieron y encarcelaron a miembros de la oposición”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro celebró el anuncio por parte del Tribunal internacional.

La exfiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aplaudió la decisión de la Corte Penal Internacional y recordó que ante el organismo consignó más de 1.690 pruebas que sustentan el caso.

Por su parte, la abogada venezolana Tamara Suju, defensora de Derechos Humanos y quien ha introducido ante la Corte Penal Internacional decenas de demandas, celebró la decisión; sin embargo, criticó directamente a la exfiscal venezolana “por querer lavarse la cara”, pues Ortega Díaz también formó parte de los crímenes cometidos por el régimen.

Ante el anuncio de la Corte Penal Internacional, PanAm Post entrevistó al abogado litigante Carlos Ramírez López, quien ha seguido de cerca las acciones y omisiones por parte de dicha Corte; aclaró que es un acto que debe celebrarse, pero explicó que es solo el inicio de un proceso que puede llevar años.

“Esto no es una investigación penal, sino una investigación preliminar sobre los elementos que tiene; ella podría decidir al final que no existen las pruebas suficientes para iniciar una investigación”; señaló.

El abogado mostró preocupación porque la señora Bensouda tiene a su lado a una persona muy cercana que fue nombrada por Maduro como “embajadora ante La Haya”; se trata de Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente Tareck El Aissami: “Si tiene cerca a una representación del régimen, debe tener cerca a una representación de las víctimas”; aclaró.

El abogado explicó que estas investigaciones no tienen límite de tiempo, y que hay unas que han durado hasta 9 años y no han terminado en nada.

Agregó que las investigaciones y el informe que la OEA lleva meses redactando sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela, también será de mucha ayuda para este examen preliminar en La Haya.

Antecedentes

El examen preliminar que abrirá la Corte Penal Internacional está relacionado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte del régimen de Nicolás Maduro durante el año 2017.

Fueron más de cuatro meses en los que cientos de miles de venezolanos exigieron la salida de Nicolás Maduro del poder exigiendo elecciones generales; enfrentándose a policías y militares que frustraban día tras día cada marcha con perdigones, gases lacrimógenos y hasta balas.

Las manifestaciones dejaron, según el antiguo Ministerio Público que controlaba la ex fiscal Luisa Ortega, unos 125 fallecidos, mientras que la ONG de derechos humanos, Foro Penal Venezolano, eleva esa cifra a 133.

La represión dejó al menos 4.000 heridos y más de 5.000 personas arrestadas arbitrariamente; así como en esa oportunidad se elevó la cifra de presos políticos a 1.383.

El accionar de la dictadura generó una amplia condena internacional, que incluyó a organizaciones como Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, Mercosur, y una docena de países de la región, incluido Estados Unidos. España también se sumó a las críticas.

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